De la fallida orden de paz europea de 1991 a la desatendida autonomía de Crimea y la devaluación de los derechos humanos fundamentales en la actual guerra de desgaste: un balance crítico en el aniversario ucraniano
En el 35.º aniversario de la independencia de Ucrania no hay motivo de celebración para Europa.
La disolución de la Unión Soviética en 1991 podría y debería haber sido el comienzo de un orden de paz paneuropeo que incluyera a Ucrania, pero también a Rusia. Sin embargo, los militaristas occidentales no respondieron al fin del Pacto de Varsovia con una «casa común europea», sino con la expansión de la OTAN hacia el este a partir de 1999 y la integración militar gradual de Ucrania.
Al mismo tiempo, al observar el proceso de formación del Estado ucraniano se revela una profunda hipocresía: mientras que el derecho de Ucrania a separarse de Moscú se presentó como algo natural, Kiev negó sistemáticamente a la población de Crimea ese mismo derecho a la autodeterminación. Ya en enero de 1991, antes de la independencia de Ucrania, la abrumadora mayoría de los habitantes de Crimea se había pronunciado a favor de una república autónoma en un referéndum, un estatus que Kiev fue desmontando paso a paso en los años siguientes y que liquidó en 1995 mediante la abolición unilateral de la Constitución de Crimea.
El desprecio histórico por las identidades regionales culminó inmediatamente después del derrocamiento del Maidán en 2014 con el intento de despojar a la lengua rusa de su estatus de lengua oficial regional: la señal de alarma para el conflicto en el Donbás. Le siguió una política cultural y lingüística que desplazó sistemáticamente el ruso, con la que la dirigencia estatal intentó imponer al país una identidad monolítica a marchas forzadas.
También Volodímir Zelenski —en contra de sus promesas electorales como candidato de la reconciliación— adoptó rápidamente esta política. Ya antes del comienzo de la guerra abierta, neutralizó en gran medida a la oposición política mediante la prohibición masiva de partidos y el cierre de canales de televisión críticos. El hecho de que con estas medidas contradiga los valores fundamentales de la UE no impidió que los políticos occidentales apoyaran incondicionalmente su política ultranacionalista y su obstinada negativa a negociar con Rusia.
A pesar de este respaldo mediático y político del exterior, el «servidor del pueblo», que llegó al poder como héroe televisivo, ya ni siquiera cree en el apoyo de la población y rechaza la celebración de nuevas elecciones democráticas. Como financiadores y proveedores de armas, los gobiernos de la UE tendrían en sus manos exigir una oportunidad justa para que los ucranianos logren un cambio político autodeterminado. En lugar de ello, encubren la actitud de rechazo de Zelenski y arrastran así a sus propias naciones cada vez más al torbellino de una escalada irresponsable.
A esta política de maximización irrazonable del riesgo se subordina incluso el derecho de asilo, al que habitualmente se le da prioridad en cualquier otra ocasión. En contra de su noción central de protección frente a la violencia física, los Estados europeos están comenzando a denegar la prórroga de los permisos de residencia a los hombres ucranianos en edad militar. De este modo se anula su derecho individual a la vida y a la libertad personal (art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos), de forma «consecuente», al igual que el derecho colectivo a la autodeterminación (art. 1 de la Carta de la ONU) de la población civil en las zonas de combate. A estas personas nunca se les preguntó si están dispuestas a soportar aún más tiempo una guerra de desgaste prolongada artificialmente o si preferirían una vida en paz en la que las cuestiones territoriales se aclararan mediante un referéndum.
En su lugar, ellos y los hombres en edad militar son expuestos a un constante riesgo de muerte, supuestamente por la integridad territorial de Ucrania, mientras que el mantenimiento en el poder de una presidencia caducada y los negocios armamentísticos «sostenibles» del complejo militar-industrial (y de un enorme ejército de corruptos beneficiarios) no reciben mención oficial alguna.
La parábola histórica: El comercio de soldados alemanes del siglo XVIII
Tales prioridades evocan recuerdos de uno de los capítulos más lamentables de la historia alemana: el comercio de soldados por parte de los príncipes alemanes en el siglo XVIII. En aquel entonces, soberanos absolutistas —entre ellos el landgrave Federico II de Hesse-Kassel— «alquilaron» a decenas de miles de sus súbditos a la Corona británica para aplastar la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Las arcas estatales se llenaron con subsidios ingleses, mientras que sus propios hombres eran consumidos en campos de batalla extranjeros.
El riesgo de muerte de los hessianos embarcados en aquella época, en combates y por epidemias, rondaba el 30 por ciento, una cifra históricamente extrema; sin embargo, el patrón estructural es hoy el mismo: los ciudadanos de a pie son utilizados y sacrificados como peones en un tablero de ajedrez por una élite para asegurar su propio poder.
Quien priva del derecho de protección a los ucranianos en edad militar para entregarlos a la picadora de carne de una guerra de trincheras estancada, repite el esquema de aquel dominio señorial. Lo único nuevo es la etiqueta de defender una democracia que en aquella guerra contra los jóvenes EE. UU. se combatía directamente y que en la Ucrania actual solo existe de forma rudimentaria. Es hora de un cambio de rumbo que finalmente otorgue a la vida humana la prioridad que le corresponde por encima de los intereses de poder y que someta las disputadas delimitaciones fronterizas al derecho de autodeterminación.
Pues ningún otro derecho es tan idóneo para sustituir la fuerza militar como medio de resolución de conflictos y «preservar a la humanidad del azote de la guerra», tal como lo proclaman las Naciones Unidas en el preámbulo de su Carta desde 1945.